miércoles, marzo 10, 2021

Centro de Derechos Humanos exige a Gobierno del Estado no ejercer acción penal contra manifestantes


Hoy podrían ser sujetas a proceso penal y privadas de la libertad en un penal hasta 13 mujeres detenidas en Aguascalientes durante las protestas del pasado #8M2021.


De acuerdo con información del semanario Proceso, Porfirio Sánchez Mendoza y Antonio Martínez Romo, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, así como policías hombres y mujeres, enfrentaron físicamente a las manifestantes. Además, entre las 9 y 10 de la noche, elementos de seguridad y antimotines de ambas corporaciones persiguieron con motocicletas y palos de escoba, y jalaron del cabello a manifestantes. Las sacaron de negocios y hoteles donde se resguardaron, e intentaron detener a integrantes de la prensa.


Una vez detenidas en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo de Aguascalientes, conocido como C4, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA) se negó a presentarse pese a la solicitud de las organizaciones civiles y feministas.


Ante el uso desproporcionado de la fuerza, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez envió una acción urgente al gobernador Martín Orozco y a la fiscalía estatal para que no hagan uso del derecho penal -incluyendo la prisión preventiva- para criminalizar a las detenidas.


La semana anterior, Amnistía Internacional México publicó un informe que establecía que las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual.


Amnistía Internacional encontró que las autoridades restringieron indebidamente los derechos de las manifestantes al calificar las protestas como violentas por acciones que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, tales como pintar consignas en paredes públicas o intervenir monumentos. Recordó que si bien las autoridades podrían justificadamente imponer ciertas restricciones para prevenir daños a la propiedad pública o privada, no deben tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos e impidan manifestarse a quienes lo hacen de forma pacífica.